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Lectura Integra Caso Odebrecht








Resolución sobre incidentes y excepciones en el caso Odebrecht

Puntos clave

I- Lo que establece el fallo:

En cuanto a la excepción de inconstitucionalidad contra el procedimiento adoptado por el tribunal para resolver las recusaciones planteadas contra cinco de sus integrantes.

A unanimidad de votos:

PRIMERO: DECLARA INADMISIBLE la excepción de inconstitucionalidad planteada por el imputado Víctor José Díaz Rúa, contra el procedimiento adoptado para resolver las recusaciones planteadas contra cinco de sus integrantes, por las razones antes expuestas. 

En cuanto a la incompetencia del pleno para conocer los incidentes diferidos.


A unanimidad de votos:

SEGUNDO: RECHAZA la excepción de incompetencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia para conocer los incidentes diferidos presentada por la defensa técnica del imputado Ángel Rondón Rijo, por los motivos antes expuestos.

En cuanto a la excepción de incompetencia material respecto a los imputados no privilegiados. Con el voto disidente del magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia:

TERCERO: RECHAZA el medio de inadmisión presentado por el Ministerio Público contra la presente excepción de incompetencia, por los motivos antes expuestos.

CUARTO: DECLARA LA INCOMPETENCIA del Pleno de la Suprema Corte de Justicia para el conocimiento del proceso seguido a los imputados Ángel Rondón Rijo, Víctor José Diaz Rúa, Porfirio Andrés Bautista García, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno y Juan Roberto Rodríguez Hernández, por estos no ostentar ninguna de las funciones contenidas en el inciso 1 del art. 154 de la Constitución dominicana y, en consecuencia, remite las actuaciones y el proceso objeto de esta decisión por ante la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional a fin de que sea designado el tribunal colegiado que habrá de conocer el juicio.

QUINTO: RECHAZA la solicitud del imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández de ser juzgado por la Suprema Corte de Justicia, renunciando a su juez natural, por los motivos expuestos.

SEXTO: RECHAZA el pedimento de declaratoria de nulidad del proceso realizado por la defensa técnica del imputado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, por los motivos antes expuestos.

En cuanto a la incompetencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia para conocer del proceso como tribunal de única instancia. Con el voto disidente de los magistrados Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Francisco Antonio Jerez Mena, Fran Euclides Soto Sanchez, María G. Garabito Ramírez y Vanessa E. Acosta Peralta:

SÉPTIMO: ACOGE las conclusiones de declinatoria presentada por la defensa técnica del imputado Tommy Alberto Galán Grullón, en consecuencia, remite las actuaciones y el proceso seguido al indicado imputado a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, quedando el pleno reservado para el conocimiento del recurso de casación a que hubiere lugar, garantizando así el derecho a recurrir la decisión a intervenir en única instancia.

OCTAVO: DECLARA NO HA LUGAR a estatuir sobre los demás incidentes presentados por las defensas técnicas de los imputados, en virtud del efecto de las declinatorias pronunciadas.

NOVENO: Fija la entrega y notificación, en audiencia pública, de la presente decisión para el día 28 de enero de 2020, a las 3:00 horas de la tarde, quedando convocadas las partes presentes y representadas.

II- Cómo se desarrolló el proceso en la SCJ:

Auto de apertura a juicio. En fecha 21 de junio de 2019, el magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, miembro de la Suprema Corte de Justicia, como juez de la instrucción especial en jurisdicción privilegiada, dictó auto de apertura a juicio mediante la resolución marcada con el núm. 005/2019, en contra de los ciudadanos Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Porfirio Andrés Bautista García, Juan Roberto Rodríguez Hernández, Tommy Alberto Galán Grullón y Conrado Enrique Pittaluga Arzeno.

Convocatoria a juicio. En fecha 15 de julio de 2019 el magistrado Luis Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia, dictó el auto núm. 030-19, de convocatoria a juicio para el día 12 de septiembre de 2019, a partir del cual inició a correr el plazo establecido por el art. 305 del Código Procesal Penal para la presentación de excepciones, incidentes y recusaciones. 

Presentación y fallo de incidentes. Los imputados, con excepción de Tommy Alberto Galán Grullón, depositaron escritos de excepciones e incidentes, a propósito de los cuales el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia emitió la resolución núm. 2502-2019, de fecha 29 de julio de 2019, mediante la cual resolvió parcialmente, previo a la audiencia de celebración del juicio, algunos incidentes planteados.


Celebración de audiencias. En virtud del apoderamiento de este Pleno de la Suprema Corte de Justicia, dispuesto en el ordinal cuarto de la resolución de incidentes, para resolver los incidentes diferidos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia dispuso la oralización y debate de las excepciones e incidentes presentados por los imputados, para lo cual se celebraron varias audiencias en las siguientes fechas:12, 17, 18, 19 y 25 de septiembre de 2019; 1ro., 8, 9, 10, 15, 16, 17, 29, 30 y 31 de octubre de 2019; 5, 6, 7, 12, 13, 14, 26 y 27 de noviembre de 2019; y 3 de diciembre de 2019; en esta última audiencia este Pleno se reservó el fallo de las excepciones e incidentes planteados para ser pronunciado en dispositivo el día 17 de diciembre de 2019.

Lectura y entrega del dispositivo. En el ordinal noveno del fallo leído en dispositivo en fecha 17 de diciembre de 2019, este Pleno estableció lo siguiente: «Fija la entrega y notificación, en audiencia pública, de la presente decisión para el día 28 de enero de 2020, a las 3:00 horas de la tarde, quedando convocadas las partes presentes y representadas».

III- Qué pasará ahora con el proceso

1- El imputado Tommy Galán Grullón será juzgado en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia por su condición de senador por la provincia San Cristóbal. El Pleno del alto tribunal quedará reservado para el conocimiento del recurso de casación que pudiera presentar el legislador frente a la sentencia que emita la sala.

2- El expediente contra Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Porfirio Andrés Bautista García, Juan Roberto Rodríguez Hernández y Conrado Enrique Pittaluga Arzeno pasará a Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que habrá de designar un tribunal colegiado para que conozca el caso.

3- El proceso debe seguir sin retrotraerse a las fases anteriores. En su resolución, la SCJ establece que “la preclusión impide el discrecional desenvolvimiento de la actividad procesal, y positivamente persigue el avance del proceso hacia su finalidad. (…) En tal virtud, el impedimento al retroceso se garantiza con la clausura de los momentos procesales cumplidos, y con la firmeza de las resoluciones internas del proceso”.

4- Sobre las decisiones tomadas hasta el momento, fija: “Los actos agotados y cumplidos en el proceso del caso ocurrente fueron realizados válidamente conforme al criterio imperante hasta el pronunciamiento de esta decisión, por lo que procede rechazar el pedimento de nulidad del proceso penal seguido contra los imputados no privilegiados, puesto que los actos procesales y jurisdiccionales cumplidos antes de esta decisión son válidos y firmes, en especial la resolución núm. 005/2019, dictada en fecha 21 de junio de 2019, contentiva de Auto de Apertura a Juicio”.

5- “El proceso no podrá retrotraerse a etapas ya concluidas o estadios cumplidos, o en dirección contraria a lo ya decidido, máxime si las etapas subsiguientes pueden cumplirse eficazmente no obstante los defectos de los actos cumplidos. Así, como en la especie, al haber el juez de la instrucción especial designado por el presidente concluido la etapa preliminar y dictado auto de apertura a juicio, esta Suprema Corte de Justicia al declarar su incompetencia deberá obligatoriamente declinar el proceso a un tribunal de juicio ordinario, al cual se le impone el envío y el auto de apertura a juicio ya dictado por un órgano que le es superior, y no podrá por consiguiente anular el mismo y ordenar la celebración de una nueva audiencia preliminar”.

IV- En cuanto a la incompetencia del tribunal

1- El Pleno de la SCJ determinó que “esta Suprema Corte de Justicia no tiene competencia para juzgar penalmente a los imputados Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Porfirio Andrés Bautista García, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno y Juan Roberto Rodríguez Hernández.

2- La SCJ cita un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que establece lo siguiente: «De acuerdo con la doctrina constitucional, la garantía de ser juzgado por el juez competente cumple con una doble finalidad: por un lado, evita cualquier tipo de manipulación en la Administración de Justicia, es decir, intenta evitar que cambiando el órgano judicial que ha de conocer una litis, tenga lugar algún tipo de influencia en el resultado del proceso. Por otro lado, el derecho al juez predeterminado por la ley cumple una crucial función de pacificación en la medida en que las leyes dejan importantes márgenes de interpretación al juez y el hecho de que el órgano judicial competente esté constituido de antemano según criterios públicos y objetivos para disipar posibles sospechas, hace que la decisión adoptada por el juez sea aceptable para la parte vencida en el juicio. En definitiva, el derecho a ser juzgado por el juez competente constituye una garantía procesal con rango de derecho fundamental íntimamente unido a la imparcialidad e independencia judicial en sus dos manifestaciones: en razón de la materia y del territorio» (TC/0206/14, 3 sept. 2014)

3- La SCJ cita también el artículo 4 del Código Procesal Penal dominicano, que consagra lo siguiente: «Juez natural. Nadie puede ser juzgado, condenado o sometido a una medida de seguridad, por comisiones o tribunales especiales ni sometido a otros tribunales que los constituidos conforme a este código con anterioridad a los hechos de la causa».

4- “Hasta el día 17 de diciembre de 2019, fecha en que se adopta la presente decisión, había sido una jurisprudencia firme y constante de esta Suprema Corte de Justicia que, cuando en un hecho punible concurrían un funcionario con privilegio de jurisdicción y otras personas que no ostentan ninguno de los cargos o funciones descritos en el numeral 1 del citado art. 154 de la Constitución, todos eran juzgados por ante la Suprema Corte de Justicia, existiera o no indivisibilidad o conexidad en los hechos; operando una especie de arrastre o atracción, fundamentado sin mayores motivos (Ver por ej: Pleno SCJ núm. 1, 1ro. junio 2005, B. J. 1135, pp. 3-16 ● núm. 21, 30 agosto 2006, B. J. 1149, pp. 165-173 ● núm. 2, 11 junio 2008, B. J. 1171, pp. 7-13 ● núm. 5, 27 agosto 2008, B. J. 1173, pp. 35-40)”.


5- “Sin embargo, es generalmente admitido que un tribunal puede apartarse de sus precedentes, siempre y cuando ofrezca una fundamentación suficiente y razonable de su conversión jurisprudencial, lo cual se deriva de la propia dinámica jurídica que constituye la evolución en la interpretación y aplicación del derecho”

6- “Del examen de la jurisprudencia hasta hoy imperante, que sostiene el arrastre y atracción de los imputados no privilegiados a la jurisdicción especial (…) este pleno de la Suprema Corte de Justicia encuentra que, efectivamente, dicha jurisprudencia debe ser abandonada por incurrir en las siguientes violaciones legales y constitucionales:

a) Viola la competencia excepcional de la Suprema Corte de Justicia: El art. 154.1 de la Constitución tiene un doble carácter limitativo. Por un lado, da competencia objetiva y exclusiva a la Suprema Corte de Justicia; y, por otro lado, enumera de manera taxativa los funcionarios que se benefician del privilegio de jurisdicción y que, por consiguiente, pueden ser juzgados penalmente por la Suprema Corte de Justicia.

b) Viola el derecho al juez natural: Las reglas de competencia tienen por misión poner orden en el ejercicio de la jurisdicción, lo que es imprescindible en materia penal para hacer práctico el principio del juez natural. De aquí deriva su nota de improrrogabilidad, que entre nosotros no admite excepción según el art. 59 del Código Procesal Penal.

c) Viola el doble grado de jurisdicción: Admitir el arrastre de los coimputados no privilegiados para ser juzgados en única instancia por la Suprema Corte de Justicia, implicaría para estos vulnerar su derecho a ser juzgados en un proceso de doble instancia, el cual le garantiza una justicia más certera y mejor ponderada”.

7- “Luego de realizar una ponderación de la razonabilidad y utilidad de mantener la aplicación del arrastre de los coimputados no privilegiados en perjuicio de su derecho a ser juzgado por su juez natural, consagrado en nuestro ordenamiento en el numeral 2 del art. 69 la Constitución y el art. 4 del CPP, así como en las normas supranacionales citadas anteriormente (supra núm. 58); y del derecho al doble grado de jurisdicción, regulado en el procedimiento penal ordinario; esta Suprema Corte de Justicia, en procura de garantizar los derechos fundamentales y garantías procesales de las partes, a partir de esta decisión abandona la jurisprudencia de aplicación del denominado arrastre, reestableciendo el derecho al juez natural y el respeto a la competencia excepcional de esta alta corte”.

V- Sobre la competencia de la SCJ en jurisdicción privilegiada y el derecho a recurrir

1- El Pleno de la SCJ acogió las conclusiones de declinatoria presentada por la defensa técnica del imputado Tommy Alberto Galán Grullón, en consecuencia, remite las actuaciones y el proceso seguido al indicado imputado a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, quedando el pleno reservado para el conocimiento del recurso de casación a que hubiere lugar.

2- En las consideraciones de su fallo, la SCJ indica que “el legislador dominicano estableció en el art. 21 del CPP, que el imputado tiene derecho a un recurso contra las sentencias condenatorias ante un juez o tribunal distinto al que emitió la decisión”.

3- “Se impone advertir que el establecimiento del procedimiento en «instancia única» o en «única instancia» se limita a eludir la «instancia ordinaria» de la apelación, o de pleno conocimiento, pues la adopción de este tipo procesal no excluye la existencia de «instancias extraordinarias», por ejemplo como la casación, puesto que este tipo de recurso extraordinario, que origina la actuación de un tribunal superior –la SCJ, actuando como Corte de Casación–, no conlleva romper el sistema de la instancia única, ni tampoco abrir la doble instancia, ya que mediante él no se llega a la revisión de un modo normal u ordinario, sino que, por el contrario, por circunstancias excepcionales, sin abrir la doble instancia, permite afirmar la justicia en la auténtica declaración del derecho o en el resguardo del orden constitucional, salvo la necesaria flexibilidad de la casación penal cuando la sentencia impugnada, dictada en única o en última instancia, es condenatoria contra el imputado que recurre”.

4- “Por su parte, la Ley 25-91, ni la Ley 156-97 que la modifica, atribuyen de manera expresa a ninguno de los órganos del máximo tribunal, tan importante competencia de conocer en única instancia de las causas penales seguidas a los altos funcionarios de la nación. Los arts. 13 y 14 de la Ley 25-91, al enumerar las competencias del pleno no mencionan dicha competencia penal”.

5- “La parte in fine del art. 27 de la Ley 25-91, dispone que la Suprema Corte de Justicia es competente para la interpretación de su propia ley orgánica, lo que coloca a esta alta corte en condiciones de determinar cuál de sus órganos internos es el más idóneo para conocer en única instancia de los procesos seguidos en ocasión de la competencia especial que en materia penal tiene la Suprema Corte de Justicia y cuál quedaría habilitado para salvaguardar el derecho a recurrir de las partes”

6- “Respecto al conocimiento del juicio en única instancia de las causas penales seguidas a los altos dignatarios de la nación que son sustanciados ante esta Suprema Corte de Justicia, este pleno considera que su Sala Penal es la formación natural para tal juzgamiento, por lo que procederá a declinar el presente proceso ante la misma”.

7- “Este envío a la Sala Penal no altera las reglas de competencia ni el mandato constitucional que hace a esta Suprema Corte de Justicia el art. 154.1 de la Constitución, puesto que al constituir la Sala Penal un órgano a lo interno de la propia Suprema Corte de Justicia, los altos funcionarios siguen siendo juzgados por el máximo tribunal, lo cual conserva la finalidad constitucional de la jurisdicción privilegiada y armoniza con mayores garantías procesales”.

8- “Con esta decisión se resuelve restablecer la vulneración al derecho a recurrir de los imputados juzgados en única instancia ante esta Suprema Corte de Justicia. Parecida fórmula ha sido sugerida por la Corte IDH en el párrafo 90 de su fallo Barreto Leiva vs. Venezuela cuando expresó: «Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. El Estado puede establecer fueros especiales para el enjuiciamiento de altos funcionarios públicos, y esos fueros son compatibles, en principio, con la Convención Americana (supra párr. 74). Sin embargo, aun en estos supuestos el Estado debe permitir que el justiciable cuente con la posibilidad de recurrir del fallo condenatorio. Así sucedería, por ejemplo, si se dispusiera que el juzgamiento en primera instancia estará a cargo del presidente o de una sala del órgano colegiado superior y el conocimiento de la impugnación corresponderá al pleno de dicho órgano, con exclusión de quienes ya se pronunciaron sobre el caso».

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