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Conoce más sobre las pensiones automáticas en la Ley 379-81 a la luz de nuestro Tribunal Constitucional.


Santo Domingo. - Resulta imprescindible, a la hora de la interpreta-ción de la ley tener claros los conceptos y términos utilizados en ella. En este sentido, en el marco de la Ley 379-81, es utilizado el término de pensión automática, pero ¿Qué implicaciones tiene este concepto en el ámbito jurídico?, ¿Es una cuestión de interpretación o el término se basta a sí mismo?

En este documento, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) orienta a la población sobre el procedi-miento y los requisitos para obtener este tipo de pensión.
En esencia, que algo sea automático significa en el ámbito jurídico que opera de pleno derecho, es decir que es producido por la misma norma jurídica, sin necesidad de impulso. Es así como se da cuando se cumple con los requisitos para empezar a generarse al instante. 

En otras palabras se produce por expresa disposición y fuerza de la ley independientemente de la voluntad de las personas y sin reque-rir el cumplimiento de formalidades previas.

Las pensiones automáticas están previstas en el artículo uno (1) de la ley 379-81, el cual establece entre otros aspectos que: (…) la jubilación será automática al cumplirse más de treinta (30) años y hasta 35 años de servicios y sesenta (60) años o al cumplirse más de treinta y cinco (35) años de servicios, sin tomar en cuenta la edad. Por su lado el artículo siete de la misma disposición normativa establece que: las solicitudes de pensiones y jubilaciones serán instrumentadas de ofi-cio por la Secretaría de Estado de Finanzas (hoy Ministerio de Ha-cienda) en todos los casos en que la Ley prevé que sean automáticas (…). 

Es así como el mismo artículo parecería dejar claro que las pensiones serán instrumentadas de oficio por el Ministerio de Hacienda en caso de ser automáticas, sin requerir autorización del Presidente de la República. Ahora bien, existe cierta confusión alrededor de las pen-siones automáticas y los requisitos para su otorgamiento, la misma se da debido a que la Ley 379-81, en su artículo uno establece que: el beneficio de la pensión será concedido por el Presidente de la Repú-blica a requerimiento de los interesados según lo establecido en el artículo siete (7), para más adelante en el mismo artículo uno (1), es-tablecer lo que constituye una excepción a esta regla, cuando plantea: “sin embargo”, la jubilación será automática al cumplirse más de treinta (30) años y hasta treinta y cinco (35) años de servicios y sesen-ta (60) años o al cumplirse más de treinta y cinco (35) años de servi-cios, sin tomar en cuenta la edad. 

Cabe destacar que este “sin embargo”, tiene sus detractores fuera y dentro del sistema, por entender muchos que esta aparente excepción no exime al interesado de cumplir del requerimiento de un decreto del Presidente de la Republica, por lo que según algunos, estos de-ben cumplir con el procedimiento establecido, lo que ha obligado a nuestro Tribunal Constitucional a fijar una posición al respecto, esta-bleciendo mediante la sentencia No. TC/0158/2018 de fecha 17 de Ju-lio del 2018, lo siguiente: la jubilación automática no requiere solici-tud previa del beneficiario y se realiza al margen de su voluntad, una vez cumpla con los requisitos previstos en la Ley. Que cuando la administración no la realiza, esto no puede perjudicar a los benefi-ciarios que le sobrevivan en su Pensión por Sobrevivencia, por tra-tarse de un derecho adquirido.

En consecuencia, que la pensión sea automática implica que sea otor-gada al titular del derecho sin necesidad de ser solicitada por este y sin la mediación de un decreto emitido por el Presidente de la Repú-blica, por lo que es una responsabilidad única y exclusiva de la ad-ministración otorgarla de oficio y hacerla efectiva de forma inmedia-ta una vez cumplidos los requisitos establecidos para que sea auto-mática, esto en cumplimiento de la Ley 379-81, y de las artículos 57 y 60 de la Constitución de la República Dominicana, los cuales estable-cen la protección de las personas de la tercera edad y la seguridad social como derechos fundamentales, comprometiéndose el Estado y la Administración Pública a garantizar estos derechos.

En tal virtud, los mencionados criterios expresados por nuestro Tri-bunal Constitucional, han venido a dar luz y aclarar los pensamien-tos de aquellos que quizás equivocadamente, aunque investidos de la mejor buena fe, entendieron durante años que este “sin embargo” de la ley, no planteaba una excepción, lo cual afortunadamente fue aclarado por la Alta Corte, dado el carácter vinculante de sus deci-siones, lo que a su vez ha sido asumido y acogido como bueno y va-lido por la actual administración del Ing. German Nova Heredia, Director General de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP), dando siempre cumplimiento a las sen-tencias emitidas por el Tribunal Constitucional, en su rol de guar-dián de nuestra Constitución.

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