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2019 corrupción o enriquecimiento ilícito en la administración pública dominicana



Santo Domingo.- Durante el 2019 la ola de corrupción o enriquecimiento ilícito en la administración pública dominicana continúo alcanzando dimensiones desproporcionadas y es que según politólogos esto es producto de una voluntad política permisiva ante la depredación del erario público y la ineficacia de una legislación para sancionar a los funcionarios que en el ejercicio de sus funciones se enriquecen ilícitamente.

Dijeron que la corrupción administrativa se ha incrementado durante los últimos veinticincos años, pero a cobrado mucho más fuerza en la última década convirtiéndose en una moda para la República Dominicana.

Según estudios de Transparencia Internacional, publicado en Berlín, República Dominicana es el segundo país más corrupto de América Latina, junto a Venezuela, en primer lugar y Perú, en el tercero, publicación que fue secundada por politólogos dominicanos.

Recordemos que hace poco se dio a conocer la edición regional del décimo Barómetro Global de la Corrupción, una encuesta a más de 17.000 personas de 18 países, apunta que el 53 % de los interrogados cree que en los últimos doce meses ha empeorado la situación, una tasa algo inferior al 62 % del muestreo anterior, publicado en 2017.

Le siguen República Dominicana (66 %) y Perú (65 %).

Los entrevistados culparon al máximo representante de la Procuraduría General de la Republica, quien según ellos, por falta de supuestas pruebas, dejan caer los casos más sonados e importantes, alegando además que las investigaciones continúan, tal es el caso de la multinacional Odebrecht.

El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América informaba a la comunidad internacional el alcance de entramados de actos de corrupción encabezados por Odebrecht, principalmente involucrando a países de América Latina, incluyendo a la República Dominicana. El escándalo alertó al Ministerio Público dominicano, encabezado por Jean Alain Rodríguez, quien puso en marcha la investigación penal.

Para enero de 2017, el Ministerio Público allanó las oficinas de Odebrecht en la capital dominicana, un proceso de requisa que duró más de cinco horas. Se reportó que al menos 25 cajas de documentos fueron retiradas de las instalaciones de la empresa para ser revisadas y se decomisaron los equipos electrónicos del local contentivos de información potencialmente sensible. Y lo demás es historia. El pasado martes el Pleno de la Suprema Corte de Justicia renunció a su competencia para juzgar a los imputados del caso Odebrecht.

Solo el senador Tommy Galán se quedará en la jurisdicción privilegiada. Su caso será conocido por la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia para poder apelar una posible condena ante el Pleno de la Suprema. La incompetencia tuvo el voto contrario del juez Herrera Carbuccia.

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