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Bien Común defenderá a sus dirigentes de la querella penal de Luis El Gallo


Santo Domingo._ Representantes de Bien Común solicitaron a la Junta Central Electoral una copia del oficio mediante el cual la institución pide al colectivo abstenerse de utilizar su denominación oficial, bajo el alegato de que supuestamente estarían violando derechos de identidad del partido Unión Demócrata Cristiana (UDC) de Luis El Gallo.

Hasta este lunes, el equipo coordinador de Bien Común solo había visto por la prensa y las redes sociales las quejas y denuncias “desproporcionadas” de Luis El Gallo y su partido, y por tal razón había esperado una comunicación oficial para responder y desmontar uno por uno los argumentos “confusos” y “fuera de la ley” del partido aliado al Gobierno y al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Para Bien Común la directiva de la UDC y la misma JCE han incurrido en una confusión, pues el movimiento no es una agrupación política accidental, ni un partido político ni ningún tipo de organización que busque el reconocimiento del órgano electoral. Está definida como una iniciativa para construir y presentar propuestas, identificar y promover nuevos liderazgos y hacer activismo político en base a principios, valores y compromisos democráticos.

“El Bien Común es un concepto universal utilizado para definir y promover el bienestar y la felicidad de todos los integrantes de la comunidad. Es nuestro nombre, nuestra bandera y nuestra razón de ser. Vamos a demostrar que no estamos violando la ley”, declararon los representantes de la organización, seguros de que se trata de una confusión de la directiva de la UDC o de una intención deliberada de atacar a las nuevas voces alternativas y contrarias al régimen del PLD.

Bien Común considera intimidatoria la querella penal con constitución en actor civil presentada por la UDC contra Jhonatan Liriano, Natalia Mármol, Franiel Genao, Ico Abreu, Jaime Rodríguez y Heidy Adón por el uso de un nombre que coincide con una parte del lema del partido querellante.

“El interés de meter presos y ponerles una multa de cinco millones de pesos a jóvenes que están luchando contra la corrupción, que están exigiendo mejores condiciones de vida para toda la población y promoviendo formas éticas de hacer política es, por lo menos, autoritario, propio de regímenes no democráticos”, declaró la “iniciativa para recuperar el país”.

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