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Fiscalía deposita acusación contra 7 por Fraude Financiero en Empresas Belgar




Culpan a la Superintendencia de Bancos de no haber clausurado dichas empresas en tiempo oportuno



La Fiscalía del D.N. deposito ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del D.N., formal acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de Empresas Belgar, Inmobiliaria Belgar, y otras 6 personas más, a quienes acusa de un Fraude Financiero ascendente a unos Quinientos Millones de Pesos (RD$500,000,000.00), a través de diferentes modalidades, penalizadas por los Artículos 3, Artículo 68numerales 1, 6, 8 y 9,Artículo 80, literales D, E y F de la Ley 183-02 Ley Monetaria y Financiera, y los Artículo 1, 3, 7, 8, 18, 19 y 20 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, proveniente de infracciones graves, Articulo 405 Estafa, Artículo 408 Abuso de Confianza, Artículos 265 y 266 Asociación de Malhechores, Artículo 147, 148, 149, 150 y 151 del Código Penal Dominicano.

La Fiscalía del D.N. estará representada por su titular, la Licda. Rosalba Ramos Castillo, y sus adjuntas, Licda. Paola Piedad Vásquez Pérez y la Licda. Joanna García Rivas, quienes presentaron acusación y entre los abogados que representan a 67 Querellantes y 33 Denunciantes, se encuentran los Licdos. César Amadeo Peralta, Licda. Mercedes García, Lic. José Manuel Félix Naut, y Lic. Zurina Cordero Hache.

Fue apoderado para conocer la acusación y apertura a juicio el 4rto Juzgado de la Instrucción del D.N., el cual fijo audiencia para el jueves 29 de Noviembre, 2018 a las Nueve de la mañana (9:00 A.M.), y en dicho expediente se acusa a Marcos Manuel BeltréGarcía, quien se encuentra en arresto domiciliario,Manuel Emilio Beltré, Julissa Beltré García , Katherine Ramos Romero, María Magdalena Espinal Beltré, María Eugenia Espinal Beltré (Estos últimos prófugos), así como las sociedades Empresas Belgar, Inmobiliaria Belgar.

El primer imputado está siendo asistido por la Defensora Pública la Licda. Chrystie Giselle Salazar, y este Fraude envuelve a muchos extranjeros de nacionalidad Italiana y Francesa, quienes depositaron sus ahorros, producto de las pensiones que recibían, en estas empresas que actuaban al margen de la Ley porque no poseía autorización de la Junta Monetaria para realizar captaciones.

Este caso fue investigado por la Licda. Yeni Berenice Reynoso, y la misma participo en el cierre de 12 sucursales distribuidas en el Gran Santo Domingo y la Capital, se incautó de varios inmuebles e inicio las pesquisas que concluyeron con la acusación, en la cual se solicita el decomiso de unos 54 inmuebles, unos 13 vehículos, se congelaron cuentas bancarias, se solicitaron sendas Órdenes de Arresto y de Allanamiento.

Los afectados por este Fraude culpan a la Superintendencia de Bancos, de haberse hecho de la vista gorda y permitir que una empresa actuara al margen de la Ley Monetaria, ya que esta operaba con 12 sucursales y con oficina principal en la calle Luisa Ozema Pellerano, #12, del Sector Gazcue, y no actuaran a tiempo, para clausurar sus operaciones, y se permitiera que más de 100 personas, perdieran todos sus ahorros en una entidad a sabienda de ellos que no estaba regulada.

3 afectados que pidieron reserva de su identidad y que son querellantes, solicitan al Presidente de la República, intervenir para que sus casos sean solucionados ya que confiaron en el Sistema Regulador del País, y sus ahorros han desaparecido, y ninguna entidad estatal es responsable de la ausencia de supervisión de las operaciones de las entidades que actúan al margen de la Ley, y solamente la Fiscalía del D.N. y sus actuales incumbentes están haciendo su labor a fin de que los culpables de estos hechos paguen por sus delitos.

Recientemente fue creada la Unidad de Persecución del Delito Financiero, la cual tendría competencia en todo el territorio Dominicano que aún no ha comenzado a operar, lo que hace necesario que sea puesta en funcionamiento a la mayor brevedad posible, ya que ha sido notorio que la Ley Monetaria y Financiera se hace necesario su modificación y actualización, porque ha resultado ser vulnerable, con tantos Fraudes que han sido denunciados.

Para estos imputados, la Fiscalía del D.N. está pidiendo el decomiso de todos sus bienes, así como penas de prisión correccional de 20 años y multas, mientras que los querellantes solicitan el resarcimiento en Daños y Perjuicios.


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